En medio del debate por el presupuesto federal y la creciente presión sobre el tema migratorio, el Senado de Estados Unidos ha aprobado una versión modificada del proyecto que contempla un impuesto a las remesas, fijando la tasa en un 1 % y limitando su aplicación únicamente a los envíos en efectivo realizados hacia el extranjero.
La iniciativa es parte de la legislación denominada “The One Big Beautiful Bill”, promovida por grupos conservadores dentro de un proyecto para financiar organismos de seguridad, especialmente los vinculados con el control de la migración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de versiones anteriores que contemplaban un impuesto del 5 % en todas las remesas, la versión aprobada en el Senado exime del cargo a las transferencias electrónicas realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por entidades estadounidenses.
Desde la idea original hasta una versión más restringida
El gravamen sobre las remesas fue originalmente introducido como una acción integral que impactaría todos los transferencias monetarias efectuadas por individuos que no poseen ciudadanía estadounidense. No obstante, las fuertes críticas de grupos migrantes, sectores empresariales y ciertos gobiernos de América Latina provocaron una reevaluación de la propuesta inicial.
La versión definitiva que ha sido autorizada conserva el enfoque de recaudar, pero con un ámbito más restringido. Solamente se impondrá un 1 % sobre el importe completo de las transferencias realizadas en efectivo —ya sea mediante compañías de envío o pagos en ventanilla— y entraría en vigor a partir del 31 de diciembre de este año. Los demás envíos, efectuados a través de sistemas bancarizados, estarán exentos.
Respuestas en América Latina
En naciones como México, que es el mayor receptor de remesas desde Estados Unidos, la noticia fue percibida con cierto alivio. Las autoridades informaron que se establecerá un sistema de devolución para sus connacionales en el extranjero que sean impactados por el impuesto, utilizando tarjetas especiales para monitorizar y compensar los pagos efectuados.
Los representantes de países de Centroamérica también comentaron sobre la cuestión, señalando que acciones de este tipo impactan de forma desproporcionada a las familias más desfavorecidas, quienes a menudo dependen casi por completo de las remesas para satisfacer necesidades esenciales. Asimismo, sostuvieron que estos envíos de dinero ya provienen de ganancias gravadas en Estados Unidos, por lo que aplicarles impuestos otra vez podría considerarse una doble tributación.
Un componente político clave
El gravamen se incorporó dentro de una estrategia más extensa centrada en la protección nacional. Se prevé que lo recaudado se dirija al robustecimiento de la seguridad en las fronteras y al financiamiento de las actividades de migración y deportación. Esta perspectiva ha sido respaldada por los grupos impulsores de la iniciativa, quienes sostienen que es un método equitativo de asignar fondos sin incrementar los impuestos a los residentes de Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que este tipo de medidas busca desincentivar el envío formal de remesas, empujando a las personas a utilizar canales informales más costosos y riesgosos. También han cuestionado el impacto económico en países de origen, donde las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso.
Efectos inmediatos y próximos pasos
En lo económico, la aplicación de este impuesto coincide con una leve caída en el volumen de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia América Latina. Según datos recientes, los flujos se han reducido cerca de un 4.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, una tendencia atribuida tanto al endurecimiento de políticas migratorias como al temor generado por este tipo de medidas legislativas.
El plan de presupuesto debe ser alineado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras llegan a un acuerdo, se enviará al Ejecutivo para su firma final. Simultáneamente, diversos países de América Latina ya están diseñando tácticas diplomáticas y financieras para contrarrestar los impactos del nuevo impuesto, mientras que grupos de migrantes en Estados Unidos están considerando acciones legales para cuestionar la constitucionalidad de la disposición.
Con esta resolución, el Senado abre una página distinta en la extensa y complicada interacción entre la política migratoria, las economías globales y los derechos de las comunidades migrantes. Aunque ahora es más suave que en sus propuestas originales, el gravamen sobre el envío de dinero en efectivo simboliza un comunicado político evidente y podría señalar el comienzo de un periodo novedoso de control sobre los fondos que mensualmente millones envían a sus seres queridos al extranjero.