El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la modificación constitucional recién aprobada en El Salvador, la cual permite la reelección presidencial sin límites, extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Esta reforma, confirmada por la Asamblea Legislativa con un respaldo mayoritario, ha provocado un gran debate tanto en el ámbito nacional como internacional.
Un vocero del Departamento de Estado estadounidense subrayó que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue electa democráticamente y cuenta con la autoridad legal para implementar cambios constitucionales según los procedimientos establecidos en el país. Además, rechazó las comparaciones que algunos sectores han hecho entre esta reforma y regímenes autoritarios, enfatizando que el sistema político salvadoreño mantiene fundamentos democráticos y constitucionales sólidos.
Este apoyo de Washington simboliza una transformación en la actitud del gobierno de Estados Unidos, que anteriormente había mostrado inquietud sobre la dirección política que estaba adoptando El Salvador. En este momento, los lazos bilaterales se han robustecido, subrayando acuerdos en seguridad, cooperación y gestión migratoria, los cuales forman parte del diálogo constante entre las dos naciones.
Pese al aval de Estados Unidos, la reforma ha generado críticas desde diversos frentes. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han manifestado su inquietud, advirtiendo que la modificación podría poner en riesgo la democracia y abrir la puerta a una concentración excesiva de poder. Asimismo, han señalado que este tipo de cambios recuerdan a situaciones que han llevado a la erosión democrática en otros países de la región.
Desde la perspectiva del gobierno salvadoreño, la reforma tiene como objetivo asegurar que la ciudadanía pueda decidir si desea o no dar continuidad al liderazgo presidencial. Se argumenta que en varias democracias establecidas a nivel mundial se permite la reelección indefinida, y que esta iniciativa refleja el apoyo popular del que goza la administración actual.
El mandatario Nayib Bukele, que comenzó su segundo periodo en junio de 2024, ha promovido la reforma como una forma de consolidar la democracia interna y fomentar la estabilidad política. Aunque ha recibido críticas, el cambio fue aprobado con un fuerte respaldo en la Asamblea Legislativa, lo que demuestra un amplio apoyo dentro del órgano legislativo y, según sus seguidores, también un respaldo mayoritario de la población.
La reforma constitucional en El Salvador se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la agenda política del país y de la región, generando debates sobre la naturaleza y el futuro de la democracia en América Central. La postura de Estados Unidos, que apoya la soberanía del país para decidir sobre su marco legal, contrasta con las preocupaciones internacionales sobre el equilibrio de poderes y la garantía de derechos fundamentales.
