La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó recientemente una normativa que establece un marco regulatorio específico para las tecnologías robóticas e inteligentes, marcando un hito en el avance legal del país hacia la transformación digital. La nueva Ley de Tecnologías Robóticas e Inteligencia Artificial fue avalada con una amplia mayoría legislativa y busca establecer reglas claras para la fabricación, desarrollo, comercialización, uso y fiscalización de estas tecnologías en el territorio nacional.
Con esta legislación, El Salvador se convierte en uno de los primeros países de la región centroamericana en adoptar un cuerpo normativo integral destinado a regular los aspectos éticos, técnicos y económicos de la robótica y la inteligencia artificial (IA). El objetivo principal es garantizar que el uso de estas tecnologías se desarrolle bajo principios de seguridad, transparencia y responsabilidad.
La legislación incluye a productores, desarrolladores, importadores, distribuidores, proveedores de servicios y consumidores finales de sistemas robóticos e inteligentes. Además, define categorías para diferenciar sistemas autónomos, semiautónomos y controlados, y sugiere criterios para evaluar los riesgos que puedan presentar para las personas, el entorno y los derechos fundamentales.
Uno de los elementos más destacados del texto legislativo es la creación del Registro Nacional de Tecnologías Robóticas, una base de datos obligatoria donde deberán inscribirse todos los sistemas que operen en el país. Esta medida pretende facilitar el control estatal, fomentar la trazabilidad de las aplicaciones tecnológicas y brindar garantías tanto al sector público como al privado.
Además, se establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto antes de poner en funcionamiento ciertos dispositivos o plataformas, especialmente aquellos diseñados para operar en entornos sensibles como hospitales, centros educativos, instalaciones industriales, infraestructuras críticas y espacios públicos.
En el ámbito ético, la normativa establece directrices tales como evitar la discriminación por algoritmos, proteger la privacidad, respetar la soberanía de los datos personales, y asegurar la claridad en los procesos de decisiones automáticas. Además, se contempla la realización de revisiones técnicas y la elaboración de códigos de conducta para desarrolladores y compañías tecnológicas.
Desde el punto de vista económico, la ley busca estimular la innovación mediante un marco legal que dé certidumbre jurídica a inversionistas, universidades y centros de investigación. Se contempla la promoción de políticas públicas para el desarrollo de talento humano especializado, así como incentivos para la inversión en proyectos locales de robótica e inteligencia artificial.
El articulado también contempla mecanismos sancionatorios ante el uso indebido de estas tecnologías, que pueden incluir desde multas hasta la revocación de licencias de operación. Además, se establecen normas específicas para el manejo de errores, fallas técnicas y posibles daños provocados por sistemas inteligentes.
Los impulsores de la ley subrayan que esta no busca frenar la innovación, sino orientar su desarrollo dentro de un marco responsable que proteja a los ciudadanos y promueva un entorno competitivo. En ese sentido, se hace un llamado a las universidades, empresas tecnológicas y entidades de la sociedad civil a involucrarse activamente en la elaboración de los reglamentos que deberán complementar esta normativa.
Organismos estatales vinculados al área tecnológica, como el Ministerio de Innovación y la Superintendencia de Competencia, tendrán un rol central en la implementación y fiscalización de la ley. Se espera que en los próximos meses se inicie un proceso de socialización con los distintos actores del ecosistema digital para definir los lineamientos específicos de aplicación.
Esta nueva legislación coloca a El Salvador en la vanguardia de la regulación tecnológica en América Latina, en un contexto en el que los avances en inteligencia artificial, automatización y robótica están transformando aceleradamente la economía, la educación, la salud y la vida cotidiana.
Con esta iniciativa, el país pretende establecer un modelo de avance tecnológico que sea inclusivo, ético y competitivo, diseñado para enfrentar los retos del siglo XXI y en sintonía con las prácticas óptimas a nivel global.