El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La iniciativa fue impulsada por el partido del presidente Nayib Bukele y recibió el respaldo de 57 de los 60 diputados, en una votación realizada sin debate previo y en un proceso acelerado.
La enmienda realiza cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la regla que impedía la reelección inmediata del presidente, lo que habilita a Bukele para competir por un nuevo mandato indefinidamente. Por otro lado, se elimina la segunda vuelta electoral, significando que el candidato que logre la mayoría de votos, aunque no sea una mayoría total, será declarado presidente. También, se establece que el próximo período presidencial durará seis años en lugar de los cinco actuales que dicta la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el gobierno se afirmó que la modificación refuerza la democracia al permitir que los salvadoreños tengan la opción de volver a elegir a sus líderes sin limitaciones. Parlamentarios cercanos al Ejecutivo indicaron que la reelección ilimitada ya es una realidad en otros ámbitos del gobierno, como en municipios o escaños legislativos, y que este ajuste solamente amplía esa opción al puesto presidencial.
No obstante, la reforma ha encontrado una oposición significativa de diversos sectores políticos, entidades defensoras de derechos humanos y expertos en política, quienes perciben que es un avance hacia el fortalecimiento de un sistema autoritario. Los detractores señalan que suprimir los límites a la reelección sin un debate exhaustivo y sin incluir a la población en la consulta supone un retroceso en términos de democracia.
Perspectivas contrarias indicaron que la reforma fue aprobada sin debate público ni mecanismos participativos, lo cual compromete los principios esenciales del Estado de derecho. Asimismo, se criticó la ausencia de transparencia en el proceso y la centralización de poder en el Ejecutivo, que ya tiene un control considerable sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde 2021, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, se ha denunciado una erosión sistemática de los contrapesos institucionales en El Salvador. La sentencia posterior de la nueva Corte Suprema que habilitó la reelección inmediata fue vista como parte de esa misma tendencia.
El apoyo de la comunidad internacional ha sido inconsistente. Algunos gobiernos han mostrado inquietud por el rumbo autoritario en El Salvador, mientras que otros han subrayado su respeto hacia las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aceptadas por una Asamblea elegida de manera democrática.
Organizaciones globales, como Human Rights Watch y otros grupos que promueven la democracia, advirtieron sobre los peligros de la reelección ilimitada, señalando experiencias comparables en diferentes países de América Latina, donde reformas de este tipo han resultado en crisis institucionales y en la disminución de las libertades civiles.
Aunque el presidente Bukele aún no ha declarado de manera formal su deseo de presentarse para otro período, la enmienda manifiestamente permite esa opción. Su respaldo se enfoca en su estrategia de seguridad que ha disminuido significativamente la violencia con acciones extraordinarias, como el continuo estado de excepción, mejorando su aceptación entre los votantes.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La modificación constitucional todavía necesita una segunda ratificación por parte del legislativo en la siguiente legislatura para entrar en plena vigencia, tal como lo estipula la propia Carta Magna. Sin embargo, considerando la actual conformación del Congreso y el apoyo político del que goza el presidente, es probable que esta segunda ratificación se logre sin dificultades significativas.
El cambio en el sistema político salvadoreño con esta reforma representa un momento crucial para la nación, cuyo futuro estará determinado en gran parte por la manera en que se apliquen estas modificaciones y por la habilidad de los agentes democráticos para organizar una respuesta institucional que mantenga el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
