Claudio Grossman, abogado chileno especializado en derechos humanos y asesor especial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), ha dimitido a raíz de su desacuerdo con el lento avance de la investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno. gobierno de Nicolás Maduro. La noticia la informó este viernes Associated Press después de obtener acceso a un correo electrónico enviado por Grossman en noviembre al fiscal de la CPI Karim Khan.
En su anuncio, Grossman expresó su decepción por la falta de medidas concretas contra los responsables de las graves violaciones denunciadas en el país sudamericano y rechazó la posibilidad de renovar su contrato. La Corte Penal Internacional, por su parte, afirmó que el papel de Grossman había terminado «de conformidad con su contrato anterior».
«El fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que brindó», dijo la CPI en un comunicado oficial.
Un experto con amplia experiencia.
Grossman, nacido en Chile, es un destacado abogado y ex profesor de la Universidad Americana de Derecho en Washington. Fue nombrado asesor especial de Karim Khan en octubre de 2021 como parte de un equipo de expertos voluntarios cuyo objetivo era fortalecer áreas clave identificadas por el fiscal. Su renuncia marca un momento crítico en el caso venezolano, que ha estado en el centro del escrutinio internacional debido a acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de Maduro.
La investigación en Venezuela: avances limitados y críticas crecientes
La CPI abrió oficialmente una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en noviembre de 2021. Esta decisión se basa en denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. incluida la brutal represión de los manifestantes, la tortura y la detención arbitraria. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, el proceso ha sido criticado por su lentitud.
En un discurso reciente, Karim Khan defendió el trabajo de la Corte Penal Internacional, afirmando que el caso venezolano se había tratado «de forma concentrada y sin demora». Khan aseguró que había presionado a las autoridades venezolanas sobre la necesidad de avances reales en las investigaciones locales. Durante una visita a Caracas en abril de este año, destacó la importancia de la cooperación del gobierno de Maduro, que en 2021 llegó a un acuerdo con la CPI para facilitar el trabajo de la corte.
A pesar de estos esfuerzos, organizaciones de derechos humanos y figuras como Grossman consideran insuficientes las acciones tomadas hasta el momento. En su correo electrónico, Grossman dejó claro que no podía justificar la falta de medidas serias contra los malhechores graves, lo que motivó su decisión de renunciar a su función como asesor.
Alegatos de conflicto de intereses y recusaciones al fiscal
La renuncia de Grossman se produce en medio de una creciente presión sobre Kareem Khan. A principios de noviembre, la Fundación Arcadia, una organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., solicitó la recusación de Khan de la investigación sobre Venezuela, alegando un conflicto de intereses debido a la relación de un miembro del equipo legal del gobierno de Maduro con la familia del fiscal.
Aunque Khan negó estas acusaciones, solicitó a la Cámara de Apelaciones de la CPI que desestimara la impugnación. Sin embargo, las críticas a su gobierno no se limitan al caso venezolano; El fiscal también enfrenta acusaciones de delito sexual con un asistente, acusaciones que ha negado con vehemencia.
Contexto político en Venezuela
Mientras tanto, Nicolás Maduro se prepara para iniciar un tercer mandato presidencial el 10 de enero después de unas elecciones muy cuestionadas por la falta de transparencia y las acusaciones de fraude. Organizaciones internacionales han señalado el cierre del espacio civil, la represión de opositores y el uso de detenciones arbitrarias como tácticas gubernamentales para mantener el control político.
El gobierno de Maduro ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de fraude y crímenes contra la humanidad, diciendo que las personas detenidas después de las protestas eran «criminales y terroristas». A pesar de estas salvaguardias, la presión internacional para que la CPI avance con el caso continúa aumentando.
El Estatuto de Roma y la jurisdicción de la CPI
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en 2000, otorgando a la CPI jurisdicción para investigar crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades locales no pueden o no quieren realizar investigaciones efectivas.
En este caso, la CPI indicó que había pruebas suficientes para proceder con una investigación oficial. Sin embargo, el progreso ha sido lento, lo que ha generado frustración entre las víctimas y los defensores de los derechos humanos que buscan justicia.
Un llamado a la acción más fuerte
La salida de Grossman refleja una creciente impaciencia dentro y fuera de la CPI por el manejo del caso venezolano. Su renuncia subraya los desafíos que enfrenta la corte en su intento de abordar violaciones a gran escala en un contexto políticamente complejo.
En momentos en que las instituciones internacionales son criticadas por su falta de eficacia, la renuncia de Grossman envía un mensaje claro sobre la necesidad de acciones más rápidas y decisivas para buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Mientras tanto, el futuro de la investigación de la CPI sobre Venezuela sigue siendo incierto, al igual que el destino de quienes buscan responsabilidad por los abusos cometidos en el país. La renuncia de una figura tan destacada como Claudio Grossmann subraya la urgencia de abordar estos desafíos con mayor determinación y transparencia.
