La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de la Comisión de Obras Públicas, dio luz verde a una propuesta que busca eliminar la obligatoriedad de construir espacios de estacionamiento en proyectos habitacionales, comerciales e industriales. La medida responde a una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Vivienda y apunta a reducir los costos de construcción, facilitar el acceso a la vivienda y promover un uso más eficiente del suelo urbano.
Con esta modificación, ya no será necesario incluir espacios de estacionamiento en los permisos de edificación, a menos que sean indispensables para accesibilidad de personas con discapacidades, mujeres embarazadas, personas mayores y vehículos de emergencia. Es una norma general que tiene como objetivo simplificar los procesos de urbanización y construcción, especialmente en áreas céntricas y urbanas donde el costo del terreno es más alto y el uso de automóviles privados no es esencial.
Desde el Ministerio de Vivienda se argumenta que esta modificación es clave para dinamizar el sector inmobiliario, especialmente en los segmentos de vivienda de interés social. Se ha señalado que el requerimiento obligatorio de parqueos eleva significativamente los costos de cada unidad habitacional, con incrementos que pueden superar los 10,000 dólares por espacio destinado a vehículo. Ese costo adicional, muchas veces innecesario para familias que no poseen automóvil, termina afectando la asequibilidad y limita el acceso a soluciones habitacionales formales.
La reforma también incorpora incentivos urbanísticos. Los proyectos que decidan omitir total o parcialmente la construcción de parqueos podrán recibir beneficios en sus índices de construcción, como una reducción en los límites de impermeabilización, lo cual representa una ventaja adicional para desarrolladores que opten por diseños sostenibles o verticales. Esto se enmarca en una visión más amplia de transformación urbana, que promueve el transporte público, la movilidad peatonal y el uso eficiente de recursos.
El dictamen aprobado también establece que ningún funcionario público, autoridad local ni técnico en urbanismo podrá exigir la inclusión de parqueos como requisito obligatorio. De hacerlo, podrían ser sujetos a sanciones administrativas e incluso penales. Este punto busca cerrar la puerta a interpretaciones discrecionales de las normativas, brindando mayor certeza a los desarrolladores y reduciendo el margen para decisiones arbitrarias.
La iniciativa fue apoyada en su mayoría por los legisladores del partido gobernante, quienes indicaron que es una acción alineada con los intentos del gobierno de incentivar la inversión, actualizar el urbanismo y disminuir los gastos de la vivienda. Asimismo, subrayaron que los constructores continuarán teniendo la opción de añadir estacionamientos si lo consideran necesario para su modelo comercial o la demanda del mercado.
Desde algunos sectores profesionales de la arquitectura y la planificación urbana, se ha saludado la reforma como un paso hacia ciudades más compactas y sostenibles. Sin embargo, también se han levantado voces que piden cautela y una planificación integral que evite desequilibrios, especialmente en zonas donde la oferta de transporte público es deficiente o inexistente. Aseguran que la medida debe estar acompañada de políticas complementarias de movilidad, expansión de ciclovías y fortalecimiento del transporte colectivo para que los ciudadanos no se vean afectados por la reducción de espacios de parqueo.
La propuesta todavía necesita ser aprobada en una votación general, pero parece contar con el respaldo suficiente para convertirse en legislación. Su puesta en marcha representará un cambio significativo en la normativa de urbanismo del país, eliminando uno de los obstáculos históricos que más ha frenado el desarrollo de proyectos de vivienda asequible en zonas con alta densidad poblacional.
Con esta resolución, El Salvador se une a una tendencia que ha ganado popularidad en numerosas urbes de América Latina y a nivel global, donde se están reevaluando las regulaciones convencionales que favorecían al vehículo y se está optando por formas de urbanismo más inclusivas, sostenibles y ajustadas a las necesidades auténticas de la ciudadanía.
