La crisis de las personas sin hogar en Estados Unidos continúa escalando, alcanzando cifras históricas que superan los 770.000 afectados en 2024. A pesar de ser la mayor economía del mundo, con un Producto Interno Bruto cercano a los 30 billones de dólares, el país enfrenta dificultades persistentes para garantizar vivienda y asistencia a los ciudadanos más vulnerables. Este fenómeno ha generado un debate intenso sobre las medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, quien recientemente anunció políticas que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el refuerzo policial y la implementación de órdenes ejecutivas que buscan trasladar a las personas sin hogar fuera de las calles.
El presidente estadounidense explicó las acciones, afirmando que tienen como objetivo «liberar» la capital de lo que él ve como conductas indeseables de personas sin hogar y de la criminalidad. No obstante, las autoridades locales, lideradas por la alcaldesa Muriel Bowser, describieron estas iniciativas como «sorprendentes e inadecuadas», subrayando que los crímenes violentos han disminuido a niveles históricamente bajos en la ciudad en los últimos años, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Washington D.C.
Números sin precedentes y desarrollo continuo
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) lleva a cabo un conteo anual de las personas sin hogar desde 2007, y el más reciente registro de enero de 2024 mostró 771.480 individuos viviendo en la calle, un incremento del 18% respecto al año anterior. El aumento se ha dado en todas las categorías poblacionales, con un crecimiento particularmente significativo del 40% entre familias con hijos, casi 150.000 menores que enfrentan la falta de un hogar.
En contraste, el número de veteranos sin hogar ha disminuido en un 8%, reflejando avances en programas específicos para exmilitares. Entre quienes no tienen acceso a albergues, la reducción fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851 personas.
El informe del HUD atribuye este crecimiento a varios factores, entre ellos la crisis nacional de la vivienda, el fin de las ayudas federales de la pandemia como las moratorias de desalojo y el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia, así como la presión demográfica causada por la llegada de migrantes en busca de asilo. Las comunidades con mayor flujo migratorio han registrado un aumento de familias sin hogar más del doble que en el resto del país.
Razones estructurales de la crisis
Especialistas y entidades centradas en eliminar la carencia de vivienda enfatizan que el problema es complicado, estructural y tiene múltiples factores. Entre las causas principales se encuentran la falta de disponibilidad de viviendas asequibles, la creciente diferencia entre ingresos y precios de alquiler, las limitaciones en el acceso a servicios médicos y sociales, además del racismo y la exclusión sistemática.
Según la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), un trabajador promedio con salario mínimo necesitaría trabajar 104 horas semanales para poder costear un apartamento de un dormitorio. En Estados Unidos hay una escasez estimada de 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para personas de ingresos extremadamente bajos, equivalentes a solo 35 unidades disponibles por cada 100 hogares que califican.
Además, la falta de un sistema de salud pública universal agrava la situación. Tres de cada cuatro adultos muestran preocupación por no poder afrontar gastos médicos inesperados, y un 61% de quienes carecen de seguro privado han pospuesto su contratación debido al costo. Estas limitaciones contribuyen a la pérdida de vivienda, especialmente entre personas mayores que se quedan sin hogar después de los 50 años.
Políticas recientes y controversia
La directriz emitida por el presidente Trump en julio se centra en penalizar la mendicidad y el desorden público, asociando la mayoría de las situaciones con adicciones o trastornos mentales. Este mandato instruye a la fiscal general a anular ciertos precedentes legales y a fomentar el ingreso involuntario de personas con trastornos mentales que no puedan autogestionarse.
Expertos, como Margot Kushel de la Universidad de California, describen la acción como «demasiado simplificada y engañosa», mientras la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alerta sobre peligros de monitoreo, invasión de privacidad y penalización de la pobreza.
Asociaciones dedicadas a la ayuda enfatizan que la clave está en implementar políticas completas que traten las causas fundamentales: acceso a casas accesibles, fortalecimiento de los servicios sociales y de salud, y acciones inclusivas que disminuyan la exclusión. Penalizar la situación de calle, de acuerdo con estos expertos, no promueve comunidades más seguras y puede agravar la situación de aquellos que ya se encuentran en una vulnerabilidad extrema.