El reporte producido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expuesto la supuesta participación de la empresa multinacional Acciona en una red de corrupción dirigida desde la dirección del Partido Socialista. De acuerdo con los investigadores, la compañía podría haber pagado cientos de miles de euros en comisiones ilegales para obtener contratos públicos de gran magnitud, en un esquema gestionado directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Más de 600.000 euros en pagos irregulares
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Licitaciones diseñadas a medida
Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe de qué manera los acuerdos se elaboraban para asegurar la adjudicación a la compañía, a cambio de pagos previamente acordados. Era, según los funcionarios, una “organización totalmente estructurada” en la que las autoridades políticas participaban directamente para beneficiar a ciertas compañías a cambio de ventajas económicas.
La función de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.
Reacciones y silencio institucional
Ante la contundencia del informe, Acciona ha anunciado una investigación interna, desvinculando a su actual dirección de los hechos investigados. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La aparición de un exdirectivo de la empresa en los documentos analizados por la UCO ha reavivado el debate sobre la connivencia entre grandes compañías y el poder político.
En tanto, el Gobierno permanece callado. La dirección del PSOE opta por no comentar un asunto que ha llevado a la renuncia de varios altos funcionarios y que podría debilitar aún más la credibilidad del Ejecutivo.
El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.
Este asunto no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona la utilización del poder institucional para objetivos personales. El tiempo indicará si las repercusiones políticas estarán a la altura de la seriedad de los acontecimientos desvelados.
